El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT). Un documento dirigido a facilitar la introducción de las infraestructuras de acceso ultrarrápido en los edificios de nueva construcción e impulsar su despliegue por parte de los operadores.

El nuevo Reglamento actualiza el anterior de 2003 para incluir la fibra óptica, además del cable coaxial y el tradicional par de cobre, entre las redes de acceso a los edificios, en línea con los objetivos de la Agenda Digital Europea. Además, actualiza la normativa técnica sobre radio y televisión para adecuarla al escenario de la TDT. Esta nueva normativa afecta a todo tipo de viviendas, tanto libres como de protección oficial. Asimismo introduce los elementos necesarios para que este tipo de infraestructuras puedan ser diseñadas, de tal forma que resulte sencilla su evolución y adaptación al concepto de Hogar Digital y a la obtención de los beneficios que éste proporciona a sus usuarios: mayor seguridad, ahorro y eficiencia energética, accesibilidad, etcétera. La adaptación a los estándares de Hogar Digital es voluntaria por parte del promotor.

En este sentido, el Reglamento incluye la forma de clasificar las viviendas en función de las funcionalidades y dispositivos de Hogar Digital que incorporan. De esta forma, se ofrece un marco de referencia, basado en parámetros totalmente objetivos, que permitirá a los promotores y a las Administraciones públicas evaluar las edificaciones, mientras que los compradores finales de viviendas contarán con una información contrastable en esta materia.

Por otro lado, la nueva normativa tiene un importante impacto económico ya que para atender la demanda de nuevas aplicaciones y servicios, los operadores de telecomunicaciones están iniciando el despliegue de nuevas infraestructuras de acceso rápido y ultrarrápido a Internet, y fomentando el despliegue de las redes NGA (Next Generation Access), capaces de proporcionar velocidades superiores a los 100 Mbits por segundo, muy por encima de las proporcionadas por las redes actuales.

Este despliegue requiere una inversión que supera los 2.500 millones anuales además de crear infraestructuras esenciales para el desarrollo social y económico de España, contribuyendo de forma destacada a la generación de actividad económica y de empleo.

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